Antonio Luna solía encerrarse por las noches junto con su esposa Juana y sus tres hijos en la amplia estancia en remodelación de la propiedad que cuidaba, ubicada en la carretera a Dolores Hidalgo, justo donde el entorno comienza a verse escasamente poblado.
Fue en ese lugar, donde la noche del viernes 13 de enero, para la familia Luna Luna comenzó el infierno.
Los hijos de Juana y Antonio, ambos de apellido Luna: Adrián, de 11 años, Gabriel de ocho y Mateo, de cuatro, murieron de un disparo en la cabeza en el marco de un operativo ministerial a todas luces fallido y de un entorno inseguro que recrudeció en los últimos meses en esta ciudad.
La razón no alcanza para explicar cómo Antonio, descrito por quienes lo conocen como un padre amoroso para quien sus hijos lo eran todo, pudo haberles disparado a cada uno en la cabeza con el revólver calibre 22 que le dio su patrón para cuidar por las noches la propiedad en este lugar.
Así lo plantea la acusación formulada por la Fiscalía de la Procuraduría de Justicia, por la que fue vinculado por una juez y permanece preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso).
Numerosos mensajes y llamadas telefónicas intercambiadas por Juana y Antonio con el propietario de la finca, Cipriano Sánchez, y los hermanos de ambos, revelan la incertidumbre y el terror vividos desde los primeros minutos de la balacera por esta familia, que en un principio creyó que “alguien se metió a robar”.
De acuerdo con estos mensajes revelados a Apro, Juana y Antonio clamaron por ayuda, pidieron a sus hermanos llamar a la policía y esperaron durante varias horas sin tener la certeza de que alguien iría a rescatarlos.
Es por eso que sobre la muerte de los tres niños, la presencia del grupo delictivo y el operativo que a cargo de agentes de la Procuraduría de Justicia, el transcurrir de los días saca a relucir más dudas que certezas.
Según la información oficial, elementos de la Policía Municipal, aquel día agentes de las Fuerzas del estado y de la Policía Federal llegaron al sitio y permanecieron a unos metros el lugar. Pero ninguno disparó una sola de las más de 400 balas que se habrían intercambiado en el interior de la finca.
La función de estas corporaciones, según se apresuraron a aclarar, fue únicamente la de bloquear el paso a automovilistas en ese tramo de la carretera a Dolores Hidalgo “y vigilar que no hubiera heridos por alguna bala, alguna persona inocente (sic)”, dijo el comisionado de la Policía Federal en el estado, Miguel Ángel Simental, unos días después de lo ocurrido.
“Fue un operativo exclusivamente de la Procuraduría de Justicia del estado”, confirmó el comisionado federal.
El resultado no puede ser más cuestionable y desolador: tres niños asesinados en medio de cientos de balas, ventanas y paredes rotas y perforadas. El velador y padre de los menores detenido. Armas, vehículos y droga asegurados por la Procuraduría, pero ningún sicario capturado: todos huyeron por las brechas alrededor de la propiedad a escasos metros de la carretera; allí donde policías municipales, agentes de tránsito, policías federales y estatales “cuidaban”.
Al paso de los días también surgen contradicciones sobre las personas que habían rentado unos días antes un departamento al fondo del predio, separado del salón por un amplio jardín y estacionamiento.
Mientras el procurador Carlos Zamarripa los identificó como varios hombres integrantes de un grupo delictivo, el propietario del predio, Cipriano Sánchez, sostiene que fueron “dos mujeres comunes y corrientes” que le pidieron alojamiento a fines de diciembre.
En entrevista el lunes 30 de enero, Cipriano Sánchez contó que acostumbra ir a la propiedad a diario; que nunca notó “nada raro ni anormal” en la conducta o presencia de sus inquilinas, aunque a veces éstas eran acompañadas por un joven u otras personas.
Sin embargo, nunca pudo confirmar su identidad porque desde el principio las dos mujeres adujeron que les habían robado su bolsa con sus identificaciones unos días antes, y sólo le dieron un nombre: Verónica Ortiz.
Cuando Antonio regresó tras dos semanas de vacaciones, su patrón le informó que había rentado el departamento, que no se ocupara de las inquilinas y que hiciera su trabajo “como siempre”.
La estancia donde solía encerrarse Antonio por las noches era remodelada para convertirse en un salón de fiestas, después de que por varios años el propietario la rentó a un empresario de Guadalajara que le invirtió para convertir el sitio en un centro nocturno con table dance, pero aparentemente nunca consiguió los permisos.
En la parte alta hay un televisor, mesas de billar, algunos colchones y un cuartito con un pequeño baño, suficientes para que la familia se instalara a ver televisión y se quedara a dormir.
Cada mañana, todos regresaban a su otra realidad: un cuarto que hacía las veces de recámara, cocina y sala, carente de electricidad, agua potable y drenaje, ubicado a unos 200 metros de la finca que Antonio cuidaba.
Allí se cambiaban de ropa y se arreglaban; la pareja llevaba a los niños a sus colegios y posteriormente cada uno se iba a trabajar. Por las noches, el salón de Cipriano era el sitio inmejorable para estar juntos y disfrutar de lo que en su cuartito no tenían.
La pareja llegó al sitio unos cuatro o cinco años atrás, siguiendo a dos hermanos de Juana que fincaron un par de cuartos aledaños y les permitieron quedarse. Hace dos años, Antonio fue contratado por Cipriano Sánchez para ser el velador del inmueble, junto al que hay un motel en construcción desde hace años, y una tienda, todos predios de Cipriano, según narró éste a la reportera.
“Venga pronto, hay una balacera…”
La noche del viernes 13 los primeros disparos comenzaron a escucharse a las 11:30 de la noche y los últimos a las 4:30 de la madrugada del sábado 14 en la propiedad ubicada en Ampliación Cieneguita, refieren en entrevista vecinos de Antonio y Juana que habitan otra pequeña casa junto al cuarto de los Luna Luna.
Cipriano Sánchez asegura que una hora antes se había retirado de la finca, donde estuvo casi toda la tarde haciendo arreglos en el patio y el jardín. “Dejé todo normal, le dije a Antonio que se encerrara; no supe si estaban las mujeres –inquilinas del departamento- no noté nada raro”, asegura.
Al escuchar los primeros disparos, varios de los vecinos se asomaron por las cortinas que hacen las veces de puerta. No atinaron más que a llamar a la policía municipal para decir que había un tiroteo y que muy cerca vivían familias con niños y tenían miedo. Después se persignaron y se pusieron a rezar el rosario.
Los vecinos sabían que la familia Luna Luna estaba en la finca. Todos los días los veían salir por las noches de su cuartito rumbo a la propiedad que cuidaba Antonio, a quien describen como un hombre tranquilo que nunca dio problemas, que jugaba con sus tres hijos en el terregal que hace las veces de patio y que ayudaba a Juana a acarrear el agua del aljibe para bañarse y cocinar.
“Nos pusimos a rezar. Pensábamos en los niños allí adentro. Los balazos se escuchaban seguidos, a veces un ratito de silencio y luego otra vez; todo fue adentro de la finca, afuera no vimos a nadie, ni un coche, nada. Ya casi cuando se acabaron, se oyó como una ráfaga, muchos de un jalón. Luego ya no se oyó nada”, narró una mujer.
Cipriano Sánchez recibió varias llamadas y un mensaje de texto desde el celular de Antonio y de otro que cree es el de Juana, pero no les contestó nunca porque, afirma, al llegar a su casa esa noche se quedó dormido y no despertó sino hasta la mañana siguiente.
En uno, que recibió a la 1:34 de la mañana, Antonio escribió: “Venga pronto hay una balacera en la tienda y aquí donde estamos”.
En total, 25 llamadas y seis mensajes de texto se intercambiaron entre los teléfonos de Juana y su cuñada Claudia, así como de ésta al número de emergencias y al directo de la Policía Municipal, a partir de las 12:39 y hasta las 4:57 de la madrugada.
Desde las 12:40, en la central de policía le aseguran que ya habían enviado gente al sitio. Eso mismo le repitieron en las sucesivas llamadas que hizo a la corporación, cada que Juana volvía a marcarle porque “no llega nadie a ayudarnos”.
Junto con otro de sus hermanos (son nueve en la familia de Antonio), Claudia se apersonó en las inmediaciones de la finca de Ampliación Cieneguita poco después de las dos de la madrugada del sábado 14, en busca de saber qué pasaba en la casa donde sabía que estaban el velador, su cuñada y sus tres sobrinos. Pero para ese momento, ya la carretera estaba cerrada y el paso impedido les fue impedido por policías municipales.
Una hora y media antes (12:30) las hermanas de Antonio habían recibido una primera llamada de Juana desde el interior de la finca, pidiéndoles que avisaran a la policía de que alguien estaba metiéndose a la casa. Su esposo y ella creían que era para robar.
A las 12:39, Claudia marcó al teléfono celular de Juana y le preguntó que si los supuestos ladrones se querían meter a la finca que cuidaba Antonio, o a la casita donde vivían los Luna Luna. Juana le aclaró a su cuñada que estaban todos encerrados en la finca que cuidaba su esposo. “Aquí donde trabaja Antonio, quieren robar, se quieren meter”, le dijo, evidentemente asustada.
A las 2:39, Juana le volvió a marcar, justo cuando Claudia y su hermano se dirigían a Ampliación Cieneguita. “Pensábamos que los policías no llegaban porque no ubicaban el lugar, así que se nos ocurrió ir para señalarles dónde era. Pero ya no nos dejaron pasar”, narró la hermana de Antonio a apro el jueves 26.
En esa llamada, Juana le dice que nadie de la policía llega. “Ya nos están echando gas”, agrega. A través de la línea, su cuñada alcanzó a escuchar claramente los disparos.
“Cuando llegamos, me acerqué a unos policías para enterarlos de que allí estaban mis sobrinos con sus papás, que había niños. Uno de los policías habló como por un micrófono, escuché que dijo: hay un velador, su esposa y tres menores. Luego alguien le marcó a su celular, contestó y les dijo: es que esto se puso más cabrón, porque ahí está el velador y hay tres menores. No supe quién le llamó y a quién informó”, refirió Claudia.
Después de varios intentos por comunicarse nuevamente con Juana, a las 2:52 ésta respondió a Claudia, en un murmullo: “Te voy a colgar porque no quiero que nos descubran”. Esa fue la última vez que escuchó a la madre de sus sobrinos, pues le marcó otra decena de ocasiones y a veces descolgaban, pero no volvió a responderle.
A las 4:57, ante el silencio de la primera, la falta de información por parte de los policías y el tremendo frío que se sintió, Claudia optó por retirarse de la carretera y volvió a su casa donde vive con su mamá. Antes, éste fue el último mensaje que envió a Juana por el WhatsApp: “Ya la policía tiene sus datos, de ustedes y de los niños, por si les habla sepan que son ellos”.
Casi 12 horas después, alrededor de las tres y media de la tarde, Claudia pudo ver a su hermano, detenido en los separos de la Policía Municipal. Lo primero que hizo al verlo fue preguntarle por sus sobrinos.
“Me los mataron. Están muertos los tres y Juana no va a salir. Está allá, no va a salir ni pagando fianza. Encárgate de mis hijos y de ella”, fue la respuesta de Antonio.
El procurador de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, ha expuesto que esta instancia tiene los elementos periciales y la declaración ministerial de la madre de los menores, Juana Luna, para sustentar la acusación contra Antonio contenida en la carpeta de investigación, que ya está también en los terrenos del Poder judicial del estado.
En las diversa entrevistas que ha dado a medios, el procurador Carlos Zamarripa ha señalado que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal que realizaron el operativo –seis en total, según informes de la Procuraduría de Derechos Humanos que ha tomado declaración a los mismos, así como a ocho elementos de la Policía Estatal– no contaban con la información de que en la propiedad había una familia con menores de edad, y que los agentes se identificaron claramente mediante los comandos de voz propios de estos operativos.
-¿Hay alguna posibilidad de que los agentes hayan incurrido en algún error o en algún acto indebido durante este operativo?, se preguntó al procurador.
-Ninguna evidencia tengo para pensar o suponer una actuación indebida, respondió.
Sin embargo, resulta imposible ignorar las declaraciones que en los días siguientes hizo la propia madre de las víctimas, quien apuntó a los elementos ministeriales como quienes desarmaron a su esposo, hicieron disparos y posteriormente obligaron a Antonio a tomar el arma en sus manos.
Ante cámaras y grabadoras, Juana Luna narró que después de esos momentos no volvió a ver a sus hijos vivos y que su declaración en las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia habría sido modificada de forma sustancial y ella presionada para firmarla, “porque sólo así podría salir”.
En una de estas entrevistas, Juana contó que cuando los tenían a ella y a su esposo todavía dentro de la finca (antes de ser trasladados al Ministerio Público) los llevaron al departamento que Cipriano había rentado.
“Mi esposo le preguntó al oficial que estaba allí que si les estábamos marcando, por qué no llegaban. Dijo que no podían, que al parecer allí hubo un enfrentamiento de dos grupos contrarios, y cuando llegaron ellos salieron por otras puertas, ya no los alcanzaron”.
“Eso comentan mis superiores porque yo acabo de llegar”, les dijo el agente, aparentemente también de la PGJE. Siguió: “Nosotros ni siquiera sabíamos quiénes eran, pensamos que se habían metido a robar”, insistió Juana en su versión ante los medios. “Yo por eso pensé que eran como los de la tele, que eran secuestradores”.
Dos días antes de lo ocurrido en Ampliación Cieneguita, elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría de Justicia y del grupo táctico de la Secretaría de Seguridad Pública “reventaron” una casa en la colonia Lindavista, en la que un joven de 18 años y un niño de 10 permanecían secuestrados.Tres de los plagiarios murieron en el enfrentamiento con los agentes y uno de éstos fue herido, informó el procurador Carlos Zamarripa.
En octubre del 2015, la delincuencia dio la bienvenida al actual presidente municipal, el panista Ricardo Villarreal García –hermano del también exalcalde y exdiputado federal Luis Alberto Villarreal- con un ejecutado, sólo 10 minutos después de que aquél asumió el cargo, momento a partir del cual las ejecuciones continúan con una frecuencia nunca antes vista, refieren reporteros en esta ciudad.
Es en éste San Miguel, que acumula títulos como “la mejor para vivir”, “la mejor ciudad de México, Centro y Sudamérica” y otros igualmente pomposos, en donde han sido detenidos en los últimos tres años no uno, sino varios capos del narcotráfico, como Héctor Beltrán Leyva, El H, jefe del cártel de los Beltrán desde la muerte de su hermano Arturo El Barbas. Héctor Beltrán fue detenido a principios de octubre del 2014.
Tal panorama exhibe una acometida criminal de asesinatos, extorsiones, robos domiciliarios, ataques con explosivos a bares y restaurantes que tienen preocupados y molestos a los sanmiguelenses y residentes extranjeros, y ante el cual las corporaciones municipales, estatales y federales parecen estar rebasadas, por lo que la muerte de los niños Luna Luna detonó varias protestas y marchas en la ciudad.
“Si dicen que mi hermano es culpable, yo creo que atrás de él hay otro culpable, ¿no? ¿Quién mandó ese operativo y aparte fallido. ¿Con quién pelearon? ¿Con quién, me pregunto? – cuestiona Claudia, hermana de Antonio.
“Este procurador le inventa cada cosa; pues creo que él también es culpable, ¿no? O quien mandó este operativo, también es culpable. Porque si no hubiera pasado esto, la vida sería normal para ellos, feliz. Porque eran muy felices”
