La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Gerardo Ruiz Esparza, su titular inamovible, han sido señalados desde hace mucho como claves entre las decenas de actos de corrupción y conflicto de interés en el país. Sus caminos se entrelazan con empresas y familias que pasaron por la administración peñista en el Estado de México y que en este sexenio son beneficiarias de jugosos contratos de infraestructura. Los San Román, Grupo Higa y OHL, por ejemplo.
Las cifras de los contratos y los proyectos marchaban sobre rieles en los primeros meses, incluso después de los primeros recortes presupuestales. Pero desde ese 2014 y hasta la fecha, la sospecha merodea. Sospecha por miles de millones de pesos en una larga trama que involucra a un puñado de empresas multimillonarias.
Esta semana, un nuevo caso brincó en la SCT. En noviembre pasado adjudicó 466 millones de pesos para ampliar una carretera en Sonora a una constructora española vinculada a escándalos de corrupción. Esta es la segunda concesión que la compañía obtiene desde 2014, cuando ganó un contrato de casi 200 millones para modernizar otra carretera, ahora en Veracruz.
En 2014 se dio a conocer que Jordi Pujol Ferrusola, empresario e hijo del ex Presidente de la Generalidad de Cataluña, era investigado en España por una serie de fraudes cometidos en México, caso en el que autoridades y empresarios mexicanos estaban vinculados.
En los cuatro años del actual sexenio, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no la ha movido el aire. Los recortes presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la obligaron a ajustarse, nada más. Pero los escándalos de corrupción no hicieron ni una sola mella, y las indagatorias por las acusaciones de corrupción en proyectos de infraestructura –que vinculan a su titular, Gerardo Ruiz Esparza; al propio Presidente Enrique Peña Nieto y a la cúpula política del Estado de México– se han empantanado.
La ruta de este tren iba bien, sin sobresaltos, desde principios de la administración. En 2014, Grupo Higa, propiedad del empresario Armando Hinojosa Cantú, amigo de Peña Nieto y del propio Ruiz Esparza desde los tiempos en que el actual Presidente fungía como Gobernador del Estado de México –donde fue beneficiado con contratos estatales–, ganó 900 millones de pesos en licitaciones con la dependencia federal.
El Ejecutivo federal había trasladado su modelo de Gobierno en el Edomex a toda la República y lo hizo, además, con quienes lo acompañaron, entre otras, en las áreas de finanzas e infraestructura en su administración mexiquense –como es el caso del Secretario Ruiz Esparza–.
De acuerdo con los contratos otorgados por la SCT, sucedió lo mismo con empresas cercanas y afines al grupo peñista: la propia Higa, las compañías de la familia San Román y la española Obrascon Huarte-Lain (OHL), con las que también la administración peñista trabajó en tierra mexiquense.
Las tres empresas están, de una forma u otra, ligadas en torno a EPN y al propio Gerardo Ruiz Esparza, quien fungió como Secretario de Comunicaciones del Estado de México, de 2005 a 2011, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante la gestión del ahora Primer Mandatario del país se otorgaron recursos públicos a OHL para adquirir un sistema de barreras móviles, al doble de precio, para el Viaducto Elevado a una empresa propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne, con quien el mandatario mexicano sostiene una solida amistad e incluso un compadrazgo, reveló en octubre pasado una investigación periodística de Aristegui Noticias.
De acuerdo con esa investigación, la amistad del Presidente con los San Roman inició con la adquisición de una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, a Roberto San Román Widerkehr; esa dicha amistad consolidó cuando el hijo de éste, Roberto San Roman Dunne, apadrinó a Paulina Peña Pretelini, la hija mayor de Peña Nieto, en su primera comunión.
Al ser cuestionado sobre su comportamiento y su estrecha relación con las empresas en cuestión, Gerardo Ruiz Esparza se torna molesto: lo ha negado en vivo y a través de su cuenta de Twitter [@gruizesp], pero a pesar de ello las acusaciones continúan y no sólo se relacionan con esas tres empresas y familias.
Por ejemplo, apenas en noviembre pasado, la SCT otorgó un contrato por 466 millones para ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, a una constructora española vinculada a escándalos de corrupción. Antes, ganó otra licitación por 200 millones de pesos para modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz.
Copisa Constructora Pirenaic, empresa propiedad del catalán Jordu Pujol Ferrusola, es investigada en España por una serie de fraudes cometidos en México, en los que empresarios y autoridades de este país están vinculadas.
Pujol Ferrusola era investigado por haber realizado cobros encubiertos en un proyecto turístico de México, donde habría invertido un peso pero cobró comisiones por 243 mil euros a través de GBI & Monic Productions, una empresa fantasma; el cobro lo realizó por un asesoramiento en el proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en Ecatepec, Estado de México, y en las ciudades de Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y Ciudad de México.
Polémicas, dudas por la opacidad y posibles conflictos de interés rodean varias de las licitaciones de la SCT y mucho información al respecto se ha negado por transparencia. Esta dependencia sólo gastó un tercio del presupuesto destinado a la dirección que se encarga de las carreteras del país durante 2015. En respuesta a una solicitud de información hecha por un legislador de la Cámara de Diputados, la SCT develó que la Dirección General de Carreteras ejerció mil 059 millones de pesos el año pasado, a pesar de contar con un presupuesto de 3 mil 337 millones de pesos; esto representa una ejecución del 31 por ciento del total.
El inexistente Tren de Alta Velocidad es el estandarte del sexenio, pero no por el orgullo que supuestamente generaría “Mover a México” sobre sus rieles, sino por representar la primera gran pifia del sexenio en materia de infraestructura.
Esta obra, que no sólo le hubiera ahorrado cuatro horas en viaje redondo a 27 mil usuarios diarios, o hubiera evitado un desembolso de 5 mil 300 millones de pesos para ampliar la autopista, se suspendió abruptamente.
El 5 de noviembre, el titular de la SCT anunció al consorcio ganador, que era el liderado por la empresa China Railway Construction Company, junto con la Constructora Teya –filial del viejo conocido Grupo Higa–, además de Grupo GIA, China South Rolling Stok Corporation y GHP Infraestructura Mexicana.
Horas después de ese anuncio, Gerardo Esparza salió de nuevo ante los medios de comunicación pero para anunciar que la licitación se cancelaba.
“En razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a reponer la convocatoria para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro”, dijo el Secretario.
Esto sucedió luego de darse a conocer la noticia de que la esposa del Presidente Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, era propietaria de una mansión de 86 millones de pesos, en las Lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. La constructora de esa casa fue ni más ni menos que Grupo Higa, propiedad de Armando Hinojosa Cantú.
El 29 de enero de 2015, la SCT lanzó de nueva cuenta las bases de licitación para el tren a Querétaro, pero para ese momento México ya estaba sumido en la indignación, provocada por las sospechas de un posible conflicto de intereses que tenía como actor principal al Presidente y a Angélica Rivera Hurtado, su esposa.
Aquél día, con la cancelación del proyecto, también se fueron al vacío 20 mil empleos directos y 41 mil indirectos.
Hoy, de eso ya no hay nada: sólo quedó una relación raspada con China y un plan de trenes para “Mover a México” en el olvido.
La otra historia, conocida a nivel nacional e internacional, es la de Grupo Higa.
De acuerdo con un cúmulo de solicitudes de información realizado por la Unidad de Datos de este diario digital, sólo en 2014 la empresa de Hinojosa Cantú consiguió 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos por siete contratos con la SCT.
En la Procuraduría General de la República (PGR) existe una demanda por actos de corrupción y asociación delictuosa, en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y su Secretario Técnico de Gabinete, Apolinar Mena Vargas, por haber participado y atestiguado el fraude en la licitación para la construcción del Viaducto Bicentenario en 2007.
En este asunto, como en otras más, entra OHL como uno de los grandes casos del sexenio en materia de presunta corrupción y conflicto de interés.
De 2012 al primer trimestre de 2016, OHL reportó ingresos netos por 60 mil 717 millones de pesos, sólo de ocho concesiones que tiene en el país.
En octubre de este año, por ejemplo, el segundo piso de la Autopista México-Puebla, que estuvo a cargo de OHL y Pinfra, reportó ganancias de 93 mil millones de pesos, derivados de la explotación de tramos carreteros.
Junto con Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, Ruiz Esparza inauguró la obra que tuvo un costo de 10 mil 500 millones de pesos; la SCT subsidió el proyecto con 5 mil 500 millones de pesos.
Otro asunto espinoso es el que involucra a la empresa Infraiber, que presentó una demanda penal ante la PGR contra el Secretario de Comunicaciones y Transportes, por autorizar a OHL la ampliación de concesiones de construcción.
El abogado de la empresa, Paulo Díez Gargari, aseguró que Ruiz Esparza pudo haber incurrido en delitos por autorizar a OHL, entonces representada por Juan Osuna, la ampliación por 30 años de la concesión de la autopista Amozoc-Perote y 20 años la del Libramiento de Perote.
La demanda establece que el titular de la SCT y OHL presentaron información falsa con la cual justificaban la ampliación de la concesión e incrementos anuales de 6 por ciento a la tarifa.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) no tiene aún los resultados de la auditoría a los contratos que OHL-México firmó con la SCT y que implican 15 mil 976 millones 193 mil 016 con 99 centavos, un proceso anunciado en 2015.
En contrataciones a nivel federal –es decir, dependencias y organismos descentralizados– el alcance de OHL supera los 24 mil 496 millones 543 mil 571 pesos con 16 centavos, de acuerdo con una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo a través de mecanismos de Transparencia.
Apenas en septiembre de este año entró en vigor un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que otorga a Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán A.C. los derechos para el uso de 150 hectáreas de una zona conocida como “El Moño” o “Los Tlateles”, que colinda con el Circuito Exterior Mexiquense, Texcoco y Chimalhuacán, y es uno de los últimos lugares vacíos en los alrededores de lo que será el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Para líderes campesinos, quienes por años se han opuesto a la construcción del Nuevo Aeropuerto por la amenaza que representa para las comunidades y la tierra, ésta acción federal se traduce en “una burla”.
Adán Espinoza Rojas, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sostuvo que quizá el Gobierno federal “tuvo que pagar algún favor” y mencionó una declaración del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, realizada en la Cámara de Diputados respecto a esta donación.
“Él [Ruiz Esparza], de una forma burlona, se puso como un Santo, pegó las manos al pecho y dijo: ‘con todo respeto les pido que nos tengan paciencia, ese terreno es para una zona deportiva y para árboles’. No dijo nada porque no tiene ningún argumento legal que diga que es su terreno. Es una burla en todo momento y si a eso se le suman las agresiones, los despojos y las agresiones, nosotros luchamos con nuestros amparos contra Conagua, el NAICM, decretos, etcétera”, acusó.
Autoridades de la paraestatal Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) negaron retrasos en la construcción del NAICM. Sin embargo, al hacer una comparación con el cronograma original se muestra un rezago en la licitación de obras preliminares del proyecto.
Al finalizar 2015, el presupuesto destinado para esa obra era de 104 mil 396 millones de pesos, sin embargo, al primer trimestre de 2016, la cifra aumentó en más de 75 mil millones, para quedar en 180 mil 122 millones 684 mil 677 pesos, de los cuales, según los contratos abiertos, hasta el momento sólo se ha hecho uso del 1.31 por ciento.
El aumento presupuestal es de 72.53 por ciento.
Esta cifra ya supera el doble de la inversión que tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunciaron el 4 de septiembre de 2014, el día en que presentaron el NAICM, considerado el proyecto más ambicioso de la administración de Enrique Peña Nieto. Ese día se dijo que se utilizarían 84 mil 500 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 84 mil 500 pesos provendrían del capital privado.
Pero de acuerdo con el primer Informe Trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el avance de la obra está en 2.53 por ciento, a casi 18 meses de haber iniciado la fase de construcción, planeada para 2015-2020.
De acuerdo con los 20 contratos ubicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y de un contrato que figura en la sección de Datos Abiertos del portal del NAICM, el dinero del que se ha hecho uso hasta el momento son 2 mil 361 pesos 544 mil 193 pesos.
En noviembre pasado, además, el Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, viajó en un helicóptero que aterrizó de manera ilegal en el Área Natural Protegida (ANP) Arrecife Alacranes, frente a la costa de Yucatán; lo hizo como “pasajero”.
Los tres hombres a bordo eran el propio Senador Emilio Gamboa, el empresario Emilio Díaz Castellanos y el coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa.
Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también había comenzado una investigación; sin embargo, aclaró, que “de confirmarse que se aterrizó indebidamente, procederá una sanción contra el piloto y a la empresa dueña de la aeronave”.
La dependencia federal también confirmó que Ruiz de Teresa viajó en el helicóptero, “pues se encontraba en una actividad personal, y nos comunicó que él fue invitado a hacer un recorrido y nunca se imaginó que el piloto iba a aterrizar en un sitio no autorizado”.
En tanto, Gerardo Ruiz Esparza negó en su cuenta de Twitter que él también hubiera hecho el recorrido, como aseguraron algunas versiones.
“Para interesados: ayer pasé un feliz domingo con mi familia en la CDMX. Desayuné con todos ellos a las 10 am en Sta Fe”, publicó.
El inepto, negligente y corrupto Ruiz Esparza, inicio hace años la construcción de dos puentes en Querétaro: Juriquilla-Santa Rosa Jauregui, sobre la autopista Querétaro-San Luis Potosi-San Miguel de Allende y Dolores, Hidalgo, estos dos puentes costaron más de 500 millones de pesos, las obras iniciaron en 2013, es 2017 y aun no concluyen.
El más reciente acto de corrupción fue la construcción de el Paso Express Tlahuica en Cuernavaca, donde hace días murieron dos personas en un socavón que se origino por la pésima y deficiente construcción, obra que costó más de 2 mil millones de pesos. Ruiz Esparza se lavó las manos explicando según el, que las lluvias atípicas de tres días provocaron una creciente de ocho metros que arrastró la basura y taponeó el drenaje debajo del Paso Exprés, lo que originó el reblandecimiento del suelo y el posterior socavón.
Fuente: sinembargo.mx
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