El lavado de dinero en México crece vertiginosamente cada año. Por ejemplo, en 2016 llegó, según datos de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría General de la República, hasta los 50 mil millones de dólares, sin que el Gobierno mexicano aplique un plan estratégico para perseguirlo policial y jurídicamente. Las nuevas ingenierías financieras del blanqueo han tomado nuevos caminos como la financiación de proyectos a través de plataformas digitales que recaudan fondos; una actividad sin regulación.
El problema es enorme, tanto, que anualmente los lavadores de dinero obtienen entre 10 mil y 25 mil millones de dólares para los cárteles de la droga que van adquiriendo ganancias brutas a los 250 mil millones de dólares.
La actividad del dinero está ya tan normalizada en México que, el Gobierno ha preferido mirar hacia otro lado y es Estados Unidos, el país que señala y enjuicia a los lavadores.
Entre los estados con mayor número de lavadores está Jalisco, Sinaloa, Baja California, estados que tienen a 163 empresas de alrededor de 200 de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ante la atenta mirada de Estados Unidos, la PGR se ha convertido en una especie de mirón de palo, aunque según sus informes además de esos estados, en Chihuahua, Colima, Nuevo León y Distrito Federal se registraron las más de 2 mil 800 acciones fiscales y financieras más sospechosas.
¿Por qué Estados Unidos nos tiene que informar quienes son los lavadores y no el Gobierno mexicano?
Es muy claro, los tentáculos del lavado del dinero llegan a las más altas esferas y ensucian igualmente a funcionarios y políticos en el poder.
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